GENOCIDIO Y TERRORISMO DE ESTADO Pronunciamiento No. 36

17-09-08
Se ha iniciado un profuso debate en torno a las formas que deben asumirse para el juzgamiento de los delitos de LESA HUMANIDAD que se han cometido en el departamento de Pando por parte de algunas autoridades departamentales y líderes cívicos de Cobija.

Por una parte, existen opiniones que remiten los juzgamientos a la justicia ordinaria y la consideración de los delitos particulares como asesinatos, homicidios, robos y heridas graves, gravísimas, etc., etc. Estas opiniones, efectivamente tienen un sesgo particularista y minimiza completamente la gravedad evidente de los delitos cometidos.

Por nuestra parte consideramos que la brutal e inaudita masacre de campesinos perpetrada por las autoridades de la prefectura del Departamento de Pando y los líderes cívicos de la localidad de Cobija, tienen el carácter de DELITOS DE LESA HUMANIDAD, pues constituyen claramente delitos de GENOCIDIO Y TERRORISMO DE ESTADO.

El terrorismo de Estado es aquel que cometen los gobiernos de un Estado cualquiera, contra sus propios ciudadanos y contra otros Estados invadidos o agredidos. El ejemplo más claro es el que comete todos los días de todos los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos y su actual gobernante George W. Bush.

En el caso boliviano ocurre algo muy singular, se trata de que una PARTE del Estado boliviano (La Prefectura y el prefecto de Pando), comete delitos de Lesa Humanidad contra el pueblo pandino. De modo que una parte del Estado comete delitos contra la sociedad y el propio Estado. La parte central del Estado debe juzgar a una parte de sí mismo. Se trata pues de una parcelación del Estado que en el caso boliviano actual significa un paso a la división de la Patria y que no puede permitirse de modo alguno. Es esta la aberración jurídico-política a la que nos pretende arrastrar la derecha reaccionaria.

Pero, además, los organismos judiciales que deben juzgar los delitos, se encuentran absolutamente inhabilitados para administrar ningún tipo de justicia por su alineamiento claro con la parte sindicada de los delitos.

En este sentido, resulta absolutamente necesario que sea una JUSTICIA INTERNACIONAL latinoamericana, bajo supervisión de UNASUR la que juzgue este tipo internacional de delitos que deben ser castigados a nivel internacional.

Sin embargo, no nos estamos refiriendo a los tribunales del tipo de La Haya, que son instrumentos del imperialismo para “castigar” a las víctimas por parte de los victimarios, como en el caso de la ex-Yugoslavia. De ninguna manera, se trata de que una comisión de nuestros países amigos, organicen una comisión investigadora cuyos resultados sean aplicados por el Estado boliviano.

Todo esto para evitar que la pesada y corrupta actual “justicia” boliviana declare “inocentes” a los delincuentes genocidas, y por otra parte, la opinión nacional no critique al Gobierno actual de parcialización política.



Jorge Echazu Alvarado.
PC mlm.
Echazu.jorge@gmail.com
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