Una y otra vez sobre CONSTITUYENTE Y “ESTATUTOS AUTONOMICOS”

No concluye ni se aclara conceptualmente la gran disyuntiva que existe entre el producto del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente y la elaboración privada de los llamados “estatutos autonómicos” por parte de algunos dirigentes cívicos y prefectos de algunos departamentos.

Que la población común se sienta totalmente confundida en torno a estos problemas es pues realmente algo muy comprensible, empero la situación cambia radicalmente cuando se trata de profesionales del derecho y muchísimo más cuando se trata de presuntos especialistas en Derecho Constitucional.

No existe comparación alguna entre los mencionados documentos. La Nueva Constitución Política del Estado ha sido producto del trabajo de más de un año y medio de constituyentes que fueron elegidos democráticamente por el pueblo soberano que les concedió el mandato de redactar un nuevo texto constitucional que recoja todas y cada una de las aspiraciones de los sectores sociales que fueron marginados por centurias y que fueron los que propiciaron la convocatoria de dicha Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su trabajo con toda normalidad en la ciudad de Sucre en las instalaciones del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho a la sombra magnánima del Mariscal Antonio José de Sucre.

En medio de una serie de obstáculos que tuvo que sortear, de los cuales ya nadie hace memoria, la Asamblea se acercaba a su culminación, cuando surge inopinadamente la idea de que se reconozca la capitalidad plena de la ciudad de Sucre y el traslado inmediato de la sede de los poderes del Estado. La Asamblea, cometiendo un error, rehusó el debate originando la indignación de la población sucrense. Lo correcto hubiera sido enfrentar el debate y finalmente remitir la cuestión a un referéndum nacional para decidir democráticamente el problema.

La Asamblea, entonces, tomó una determinación discutible, pero que de ninguna manera la invalida, pues no existe poder alguno constituido que pueda legalmente cuestionar sus resoluciones. Sin embargo, había aparecido el pretexto idóneo para destruir la Asamblea e inmediatamente comenzó una verdadera guerra de su aniquilación. Jaurías humanas incitadas por el tenebroso Comité Interinstitucional, la atacaron del modo más salvaje y brutal. Los constituyentes eran perseguidos como delincuentes en calles y plazas de Sucre, se incendiaban instalaciones públicas y el propio Teatro Gran Mariscal, así como domicilios particulares y se agredía a todo aquel que tenía apariencia de norteño.

La pieza final es de antología, las turbas persiguieron a la Asamblea hasta las instalaciones de un cuartel donde se había refugiado. Se dispersó la misma de la manera más increíble y finalmente tuvo que trasladarse a la ciudad de Oruro. Nada de lo ocurrido puede atribuirse a la Asamblea. Lo punible fue que las turbas cometieran el delito de tentativa de homicidio contra sus integrantes que pudieron, con toda razón, refugiarse en un convento o en una fortaleza militar frente a las agresiones observadas en todos los medios de difusión. La Asamblea, en medio de semejantes atropellos, concluyó su trabajo y presentó un proyecto de Constitución Política que puede tener todos los defectos que se quiera, pero que goza desde el punto de vista legal y legítimo de toda validez.

Todo lo contrario ocurre con los famosos “estatutos” autonómicos que fueron elaborados por grupos de personas sin ningún mandato, no fueron consultados con los diversos sectores ni sometidos a análisis alguno. En fin, el origen espurio de los Estatutos es evidente y nadie que se precie de entendido en Derecho puede sostener lo contrario.

Empero, admírese el lector, existen “doctores” en Derecho que sostienen una serie de puntos de vista tan anacrónicos que serían desechados hasta por los postulantes a la carrera de Derecho. El primero es el inefable Luís Vásquez Villamor, que sostiene la peregrina idea que la Nueva C.P.E., es “inexistente” y que por tanto no debe considerarse la misma para nada. A renglón seguido, sugiere que sea el Parlamento el que redacte una nueva Constitución. ¡Aplazado, sin derecho a desquite!

Otros “entendidos” sugieren que se haga una “compatibilización” entre lo legal y lo ilegal, entre ellos destaca el Sr. Vicepresidente que divaga con sus poses conciliadoras en medio del rechazo total de la derecha a sus requiebros. No se puede, Sr. Vice, compatibilizar lo que es legal y legítimo con lo ilegal, sedicioso y separatista. ¡Igualmente aplazado en derecho y Ciencia Política, además de la matemática!

Finalmente, el croata ustachi Branco, rechaza toda compatibilización y “exige” que el presidente de la República reconozca oficialmente su famoso “Estatuto”. La aberración del siglo cuando un líder cívico exige al presidente reconocer el delito y desconocer la soberanía del pueblo expresada en la elección de constituyentes.

La posición oficial del MAS es confusa, pues por una parte, los constituyentes pertenecientes al MAS, sostienen la posición correcta de que solamente la Asamblea puede introducir modificaciones al actual Proyecto, no se debe seguir devaluando desde el propio gobierno la vigencia plena de la Asamblea Constituyente. Cualquier sugerencia a la Asamblea es pertinente, empero nada ni nadie puede obligar a la Asamblea a tomar ésta o la otra determinación. En ese sentido, la otra posición es sumamente peligrosa y deriva, como siempre, de las posiciones conciliadoras del Vicepresidente que en realidad pretende “compartir” el poder político con la derecha como lo ha afirmado muchas veces.

Ni siquiera los últimos acontecimientos dramáticos de Sucre ha modificado la actitud oficial pusilánime y defensiva frente a la ofensiva reaccionaria. La derecha fascista prosigue con su avalancha mediática, propagandística, y física, el gobierno insiste en un diálogo imposible como lo ha dicho reiteradamente el ustachi Branco.

Las “condiciones” que ponen los reaccionarios para “charlar” con el Vice, son de antología: Desconocer a la A.N.C. y su proyecto, el reconocimiento total de los “estatutos”, “devolución” del IDH, que el Presidente pida perdón a los delincuentes de Sucre así como otros pedidos.

Esperamos que las concesiones a la derecha de algunos personeros de gobierno, no alcancen los niveles inaceptables para el pueblo, las organizaciones sociales y los partidos políticos comprometidos con el cambio. Lo contrario podría resquebrajar el sólido frente revolucionario que sostiene el gobierno y al proceso.

31-05-08

Jorge Echazú Alvarado
Comité Central PCMLM