06-05-11

Escritos agrarios No. 6

LA GRAN LUCHA AGRARIA ANTI-LATIFUNDISTA CORRE SERIO PELIGRO

La cuestión agraria en Bolivia no deja de tener primordial vigencia en cuanto a la eliminación del latifundio, las relaciones servidumbrales y el tráfico de tierras. El avance en la confiscación de los grandes latifundistas sobre todo del oriente y el sudeste no puede detenerse y menos revertirse.

La reforma agraria de 1953, inauguró el movimiento campesino de recuperación de las tierras comunitarias de origen detentadas por la vieja oligarquía terrateniente. La marcha victoriosa de las naciones originarias de las tierras bajas, determinó la incorporación de esas formaciones históricas a la lucha general de los pueblos bolivianos por romper la hegemonía imperialista.

La llegada del proceso de cambio y la “Agenda de Octubre”, determinó la incorporación de campesinos e indígenas en el quehacer político del nuevo Estado Multinacional. La nueva constitución política reconoció y reconoce oficialmente la existencia de 36 naciones y nacionalidades como sustento orgánico del nuevo Estado.

Como consecuencia lógica se reconoció también el derecho inalienable de las naciones antes oprimidas y ahora en rebelión, de poseer sus tierras ancestrales con ayuda técnica del Estado. Este panorama se nos mostraba idílico porque parecería que no había inconvenientes en la prosecución victoriosa del proceso, toda vez que las fuerzas latifundistas y terratenientes perdieron efectivamente el poder real de defender sus espurios intereses.

Sin embargo, lamentablemente, ha surgido un nuevo y grave problema con la corrupción que se está descubriendo en los altos niveles de la administración y distribución de la tierra por parte del Vice-Ministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Inopinadamente han surgido denuncias muy graves contra dirigentes nacionales del MAS que estuvieran comprometidos en el tráfico de tierras. Las denuncias contra senadores como Jurado y Berzaty, fueron reconocidas por ellos mismos aceptando la reversión de las tierras en favor del Estado para su distribución entre los campesinos e indígenas.

Lo más grave es la comprobación de la existencia de una verdadera oficina paralela del INRA instalada en la ciudad de Santa Cruz que distribuía tierras en forma ilegal y fraudulenta. Según Xavier Albó en la intervención fiscal de la oficina falsa se incautó un vehículo asociado a la ministra, inmediatamente el conductor detenido hizo una sospechosa llamada telefónica directa a la ministra Achacollo. Todas estas denuncias son públicas y tratándose de altos funcionarios del Gobierno, no cabe sino una profunda y exhaustiva investigación con la previa renuncia de los mencionados funcionarios que aparecen en las denuncias, comenzando por la Ministra.

Por otro lado, es muy sugestiva y sospechosa la destitución injustificada del director nacional del INRA, después de la anterior destitución del Vice-ministro Almaráz; dos funcionarios de la administración agraria que estaban cumpliendo valerosamente la lucha antilatifundista en Santa Cruz y el Chaco.

Empero las denuncias contra la ministra Achacollo, no parecen tener el mismo destino, es decir la destitución inmediata como en el caso de los anteriormente nombrados.

Por otra parte tenemos las declaraciones de Alejandro Almaráz que denuncia a un senador muy influyente como “traficante” de tierras. Esta denuncia, por su gravedad, debe ser esclarecida con las consecuencias lógicas tanto en el caso de ser verdaderas o en el caso contrario, igualmente.

La destitución sorpresiva de los dos funcionarios que estaban cumpliendo una tarea heroica de lucha antilatifundista, nos parece otro signo gravísimo de deterioro del proceso de cambio.

¡¡Exigimos una investigación a fondo de estas denuncias porque la cuestión agraria es FUNDAMENTAL para el avance o retroceso del proceso de cambio!!

PCmlm-Bolivia
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FUA
Estudiar y luchar preparando la guerra popular
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