UN RESARCIMIENTO FRAUDULENTO

08-06-10

Pronunciamiento Político No. 126.

Para todos los bolivianos que resistieron heroicamente las dos décadas y media de dictaduras fascistas derivadas de la famosa doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta en Bolivia por el Imperialismo Norteamericano y su operador de esos tiempos, el Ejército Nacional; el comportamiento del actual gobierno es realmente fraudulento.

No se trata solamente de exigir una conducta correcta frente a aquellas épocas de lucha que abonaron con sangre, sudor y lágrimas la acumulación revolucionaria que dio origen a nuestro actual proceso de cambio, se trata también de una comprensión en profundidad de esas experiencias históricas que ahora aparecen oscurecidas por una realidad diferente.

Los gobierno militares y dictatoriales de René Barrientos Ortuño, Alfredo Ovando Candia, Hugo Bánzer Suárez, Juan Pereda Asbún, y Luís García Mezza, constituyeron verdaderos holocaustos para los pueblos bolivianos. Miles y miles de bolivianos sufrieron la represión más sañuda de parte del militarismo fascista; miles y miles de ciudadanos, algunos revolucionarios y otros parientes o conocidos fueron brutalmente encarcelados y encerrados en mazmorras infernales para inflingirles torturas inhumanas y violentísimos castigos. Miles y miles tuvieron que vivir meses y años en una completa clandestinidad para eludir la macabra represión, por último miles y miles de bolivianos, sus familiares y otros “inocentes” perseguidos tuvieron que tomar el camino del exilio o fueron expulsados arbitrariamente hacia tierras extranjeras.

Nadie se acuerda, por ejemplo, de las cuatro mujeres mineras que mediante una emocionante y dramática huelga de hambre, voltearon a Bánzer y permitieron salir a los bolivianos de una de las peores dictaduras de la historia.

Ninguno de estos episodios dramáticos de la vida nacional desde 1964 hasta 1982, es recordado en la actualidad para que un gobierno nuestro, muestre algún tipo de comprensión y agradecimiento.

Hoy en las altas cumbres del poder, figuran elementos políticos que, por una parte no conocen nada de la historia corta de Bolivia pero nos discursean sobre la “conquista” de la democracia; por otro lado tenemos a los reciclados, hombres de la derecha e inclusive cómplices de las dictaduras y del neoliberalismo que ahora se “dignan” rechazar un reconocimiento, así sea formal, de las luchas anti-dictatoriales. Algunos de los más avisados piensan que la historia revolucionaria de Bolivia comienza con los movimientos cocaleros de la década de los noventa y que antes sólo hubo sometimiento.

¡¡No es así, señores del gobierno!!

Durante más de 50 años, el movimiento obrero y campesino protagonizó luchas espectaculares y obtuvo grandes triunfos como los del 9, 10 y 11 de abril de 1952, insurrecciones heroicas, algunas victoriosas y otras derrotadas como las del 21 de agosto de 1971, cuando pretendimos parar a la dictadura banzerista o las del 4 de noviembre de 1964, cuando intentamos cerrar el paso de la dictadura barrientista, las de la Semana Sangrienta de Natush Busch y la masacre de Todos los Santos y finalmente la resistencia a la dictadura narcotraficantes de Luís García Mezza.

Todos estos hechos están gravados con letras del molde en la historia nacional, una historia que no la conocen ni por el forro algunos de nuestros actuales gobernantes.

En un esfuerzo digno de admiración, algunos resistentes, tuvieron la iniciativa de tramitar ante el parlamento una Ley de la República que otorgara un resarcimiento a esos millares de perseguidos, prisioneros, torturados y exiliados de aquellos tiempos macabros. La Ley finalmente fue aprobada un 11 de marzo de 2004, en la gestión de Carlos D. Mesa Gisbert con el número de 2640. Dicha Ley consigna los siguientes hechos resarcibles: Detención y prisión arbitraria, Tortura, Exilio no destierro, Lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, persecución por razones político sindicales, conforme e Reglamento. El máximo del beneficio a cancelarse sería de 300 salarios mínimos y un mínimo de beneficio de 60 salarios mínimos.

Promulgada la Ley que había señalado el final de la gestión 2007, para el pego total del beneficio, señalaba también que los recursos económicos serían aportados por el TGN, es decir el 20% del total y encargándose al Poder Ejecutivo tramitar aportes porcentuales anualmente, por donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales hasta cubrir el 80% faltante.

¡¡Hecha la Ley, hecha la trampa!!

Actualmente esa Ley es un papel mojado. Miles de compañeros represaliados, realizan congresos, conferencias, reuniones locales y nacionales para exigir el cumplimiento de la Ley, nadie les hace caso. Con seguridad los pequeños gastos que realizaron y realizan actualmente para cumplir “requisitos” podrían haberles servido para una vida mejor. Empero fraudulentamente siguen exigiéndose los trámites más engorrosos que llegan a los más grandes absurdos, cuando como requisitos indispensables para un resarcimiento inexistente, se les exigen documentos que prueben hechos acaecidos hace más de cuarenta años atrás, certificados de detención, certificados de tortura, certificados de exilio, certificados de persecución, etc., etc. Se exige ridículamente que los interesados recuerden exactamente el día que fueron detenidos y el día y hora que fueron liberados en su caso, el día que fueron perseguidos, cuándo comenzó y cuándo terminó su persecución, el día, hora y minuto que fueron exiliados. En fin, una cadena ridícula y ofensiva de detalles exigidos a connotados hombres de izquierda, sindicalistas reconocidos que no reciben ningún reconocimiento para aquellas luchas.

Quiénes comenzaron esta lucha titánica de reconocimiento, ya han partido de este mundo, recordamos con un sentimiento de conmiseración la actividad de un Mario Guevara y otros que junto a él, quedaron en el camino.

Con toda legitimidad y justicia, se ha procedido a resarcir a las victimas del Octubre Rojo/Negro de 2003, empero no se tiene igual comportamiento con las víctimas de las peores dictaduras sufridas por el pueblo desde la fundación de la República.

Se sostiene de parte del Gobierno y de sus ministros que no existe dinero para saldar esta deuda con la historia, empero vemos cómo en tiempos de campañas electorales, corren a raudales ingentes recursos económicos, lo cual, nosotros quiénes somos parte del proceso de cambio, vemos ya con gran aprehensión. Existen recursos inclusive para favorecer a sectores oportunistas como los cooperativistas mineros anteriores aliados de Sánchez Lozada que, insaciablemente, exigen y exigen nuevos y novísimos beneficios hasta constituirse actualmente en verdaderos sectores privilegiados. En este rubro se incluye también a los trabajadores mineros del sector estatal.

El incumplimiento flagrante de una Ley aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, constituye, a no dudarlo, un verdadero delito de incumplimiento de deberes. Y como siguen las cosas, los expresos políticos podríamos recurrir a tribunales extranjeros como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acusando al Gobierno del incumplimiento de la Ley con gran agravio a los derechos de los beneficiarios.

Por otra parte, se deberían realizar los trámites de verificación con un criterio altamente político, empero los funcionarios del Ministerio de Justicia, jovenzuelos ignorantes, actúan como los peores tinterillos de los pasillos nauseabundos de las actuales “Corte de Justicia”. No comprenden estos infelices que se trata de problemas políticos y sociales y que los procedimientos dilatorios de la “justicia” ordinaria, muy ordinaria, por supuesto, no son aplicables a estos casos, donde la provisión de la prueba es amplísima. No piensan así estos funcionarios burocráticos persistiendo una y otra vez en exigir lo imposible para un resarcimiento fraudulento.

En último término, en vista de las resoluciones apócrifas que viene emitiendo el Ministerio de Justicia a través de CONREVIP, por las cuales casi nadie “califica”, según el criterio mezquino de los calificadores ignorantes, tendremos que realizar una amplia movilización de los presos y perseguidos políticos –sobre todo a los militantes comunistas- de las dictaduras militares para lograr la comprensión del pueblo y el correspondiente reconocimiento moral y formal de nuestra resistencia anti-fascista.

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Com. Jorge Echazu Alvarado.

Presidente del Bloque Revolucionario de Ex-presos Políticos de las dictaduras fascistas.

Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista (MLM)