17-10-10
Para nadie ya era un secreto que el Gobierno genocida de Sánchez Lozada estaba viviendo sus últimos momentos cuando nacía el mes de octubre 2003. Era prácticamente un Gobierno moribundo que antes de caer pensaba ocasionar todo el daño posible al movimiento popular y principalmente al movimiento campesino, comunitario y al pueblo alteño que había sentido directamente las consecuencias de una política económica francamente criminal y genocida.
Las últimas semanas se caracterizaron por enfrentamientos diarios cada día más violentos y radicales en la medida que las acciones antigubiernistas se radicalizaban al tiempo que el régimen no se daba por enterado de la gravedad de la situación. En efecto, solamente una clase política miope o ciega puede ignorar y pasar por alto la enorme insatisfacción, el rencor y el encono que demostraban los sectores oprimidos de la población boliviana, sobre todo en la zona occidental y particularmente en la ciudad de El Alto.
Por otra parte, y esto puede ser fundamental, poco a poco se ha ido interiorizando en el pueblo el criterio de que la causa profunda de la crisis galopante es responsabilidad de un gobierno satisfecho y de una clase dominante insensible. De este modo se fueron acumulando las fuerzas opositoras y las fuerzas sociales en el sentido de fortalecer algunas instituciones, incluso tradicionales, pero que pueden, en las actuales condiciones, servir para la unidad de todo el movimiento. Es así que la Central Obrera Boliviana que por muchos años había sido totalmente mediatizada y relegada al olvido por la corrupción y la vendimia de sus dirigentes al Gobierno de turno, consiguió retomar el camino correcto de la defensa de los intereses supremos del proletariado y las clases oprimidas.
El movimiento campesino, comunitario, cocalero y nacionalitario, después de los errores del año 2000 cuando perdió una inmejorable situación, se repone y vuelve a jugar papel protagónico en la coyuntura presente. A la cabeza del campesinado comunitario de la Provincia Omasuyus y su capital Achacachi, los comunarios se desplazan a la ciudad de El Alto y en las instalaciones de Radio San Gabriel, inician una huelga de hambre subversiva que exige cambios drásticos en la política del Gobierno, así como la no venta de gas a Chile y otras reivindicaciones nacionales. El movimiento tiene sus causas inmediatas en la infame y despiadada masacre de Warisata, donde la población inerme es masacrada por el Ejército provocando víctimas fatales y heridos en grandes cantidades.
Se cuenta el asesinato de una menor de 8 años alcanzada por el fuego indiscriminado de la soldadesca asesina. Por ello el movimiento comunario comienza a crecer y el bloqueo nacional de caminos, inicialmente restringido a la zona norte del Altiplano se va extendiendo a otras regiones como Yungas.
La reunión-huelga de Radio San Gabriel juega un papel importante porque allí están reunidos todos los dirigentes campesinos del departamento paceño y de extracción aymara. Se levanta en realidad, una dirección colectiva aymara, lejos ya del caudillismo de determinados líderes. Ocurre pues un vuelco sensacional en la conducción del conflicto. El movimiento aymara ha ideado, en base a sus experiencias propias, resoluciones comunitarios locales, una metodología propia nueva que consiste en tomar decisiones por amplio consenso, pero también sobre la marcha, pues se encuentran reunidos y no tiene necesidad de comunicaciones a la distancia que diluyen cualquier acuerdo.
Se trata pues de un Consejo Revolucionario Aymara que sesiona permanentemente y toma resoluciones inmediatas. Hasta ahora el Consejo se ha negado a «dialogar» con el Gobierno porque sabe que una dispersión del conflicto y una disolución de la reunión puede conducir a la derrota y teniendo en cuenta que los «acuerdos» con el Gobierno pueden ser papeles mojados en el futuro e incumplirse inmediatamente.
Los movimientos más importantes de esa lucha histórica fueron indudablemente aquellas “fuerzas vivas” alteñas constituidas por la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), y la Federación de Gremiales que, lamentablemente tenían como sus “dirigentes” a tres elementos descalificados, traidores oportunistas y vendidos de cuerpo y alma al neoliberalismo que, a espaldas de la población sublevada, mantenían contactos con el Gobierno para hacer abortar la resistencia. Esas dirigencias de las tres organizaciones vivas de El Alto que después pretenderían lauros que no les correspondían de ningún modo, fueron notablemente Mauricio Cori de la FEJUVE, Juan Meléndrez de la COR, Braulio Rocha de los gremiales, Franklin Lavayen de los padres de familia.
Junto a ellas figuraba la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que pugnaba ardorosamente por su Autonomía Universitaria, negada arbitrariamente por los gobierno neoliberales de Bánzer, Tuto Quiroga y Goni Sánchez. La UPEA y sus valerosos jóvenes constituyeron la vanguardia de las luchas callejeras contra la arremetida criminal del Gobierno.
Entra pues en escena la masa anónima de la ciudad alteña, también de origen preponderantemente aymara. La prolongación del conflicto y la dictación de un Paro Cívico general de la ciudad heroica constituyen las mechas que encienden la pradera que se encuentra completamente seca. Ya no solamente se trata de paralizar la ciudad, se trata de conseguir la caída del gobierno, la renuncia de Sánchez que responde como es su costumbre, con la masacre. El 12 de octubre, los combates callejeros se han convertido en una verdadera guerra popular. Las wiphalas (banderas del amanecer) con un crespón negro en homenaje a los caídos del 12 y 13 por la mañana, inundan la ciudad. Las víctimas ya no pueden ser ocultadas ni las causas escamoteadas: en una palabra, el Ejército está utilizando armas de guerra y los heridos y muertos suman decenas. Una nueva masacre esta vez resistida heroicamente por los pobladores alteños se realizaba ante los ojos de la opinión pública que observaba por televisión.
La dirección política del movimiento desapareció y todo se movía espontáneamente, no parecía que pudiera existir un cambio en ese sentido. Los pedidos de diálogo no tienen respaldo porque nadie puede garantizar un acatamiento del alto al fuego por parte de la población sublevada.
El bloqueo de las cisternas de gasolina que pretendían atender las necesidades de la ciudad de La Paz, ha ocasionado la furia de las autoridades que ordenaron que el Ejército abra camino desde el Alto aún a costa de disparar directamente contra los bloqueadores.
Para el 13 de octubre, se esperaba o la reanudación de los combates o una tregua que permita un cierto tipo de diálogo.
De todas maneras, así Sánchez imponga a sangre y fuego sus condiciones para permanecer en el poder, sus planes gasíferos están destruidos, así como todas sus medidas inmediatas que no podrán ser implementadas de ninguna manera. El movimiento aún con grandes pérdidas humanas, ya ha conseguido triunfos morales muy grandes: el gobierno no comprendió que no era un chiste aquello de que, para imponer medidas impopulares, tendrá que pasar sobre ríos de sangre......»
El valeroso levantamiento de octubre tuvo su culminación el día 17 cuando una gigantesca manifestación militante y aguerrida de más de 300 000 pobladores alteños, campesinos aymaras, universitarios de la UPEA, obreros, estudiantes, clase media y profesionales, se descuelga desde las alturas la ciudad y las laderas paceñas que se pliegan decididamente a la marcha incontenible, hasta la “hoyada”, armados únicamente con palos y piedras en una de las visiones más estremecedoras de decisión de lograr la derrota del gobierno genocida. La inmensa movilización se desarrolla ya no solamente como una marcha, sino como una ofensiva militar. Aterrado el genocida, no obstante afirmar que no renunciaría, tiene que tomar apresuradamente un helicóptero que lo recoge del Colegio Militar de Irpavi, para llegar a la base militar del El Alto, abandonando el país vergonzosamente en medio de la furia y la indignación de una enorme multitud congregada en el centro de la ciudad.
No podemos ni siquiera pensar qué hubiera pasado si Sánchez Lozada hubiera pretendido defenderse obligando al ejército a disparar contra esa enorme masa humana decidida al combate desigual
La singular batalla sin embargo dejó casi un centenar de muertos y más de 500 heridos como consecuencia de las agresiones militares a los ciudadanos desarmados que exigían la renuncia de Sánchez, en primer lugar y además una Ley de Hidrocarburos que recupere la soberanía del Estado, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y un Juicio de responsabilidades contra el delincuente mayor por que el genocida ordenó al Ejecito y la Policía a usar armas de guerra, fusiles automáticos, ametralladoras, tanques de guerra, helicópteros fletados a los Estados Unidos.
Pero la batalla de octubre-2003 fue ganada por el pueblo. El heroísmo de una ciudad y de una nación como la aymara, quedará gravado en la memoria de los pueblos de Bolivia indeleblemente.
Jorge Echazu Alvarado.
Primer Rector Autonomista de la UPEA.
08-2002/10-2003.
